El 30 de abril, la FCC adoptó una propuesta de regulación robocall que obligaría a los operadores de telefonía a verificar con más detalle la identidad de sus clientes, tanto nuevos como en renovación. El objetivo declarado es frenar las llamadas ilegales antes de que lleguen a hogares y empresas, pero la medida pone en el punto de mira a los teléfonos de prepago y de un solo uso.
Qué propone exactamente la FCC
La propuesta, denominada *Further Notice of Proposed Rulemaking*, refuerza las reglas conocidas como Know Your Customer (KYC) para los proveedores de servicios de voz. Bajo este esquema, los operadores tendrían que hacer un escrutinio más riguroso sobre quién adquiere o renueva líneas telefónicas, con el fin de identificar y bloquear a quienes usan esos números para lanzar campañas masivas de llamadas automatizadas.
La lógica es directa: un vendedor de seguros que compra lotes de números de prepago para hacer robocalls masivas quedaría bloqueado en el origen, antes de poder marcar un solo número. El problema es que el mismo mecanismo afectaría a cualquier persona que use un teléfono temporal para proteger su identidad frente a terceros.
Las críticas: privacidad como daño colateral
Aquí es donde la propuesta genera fricciones. Los teléfonos de un solo uso —los llamados *burner phones*— son una herramienta legítima de privacidad para periodistas, víctimas de acoso, activistas o simplemente usuarios que prefieren no dar su número personal al registrarse en servicios online. Una verificación de identidad más estricta en el momento de la compra erosionaría directamente esa capa de anonimato.
La FCC no ha detallado en el material disponible qué métodos de verificación exigiría ni qué datos concretos deberían recopilar los operadores, lo que deja abierta la pregunta de hasta dónde llegaría el alcance real de la norma.
Fechas a vigilar
El proceso regulatorio sigue abierto. Según el *Federal Register*, el plazo para presentar comentarios públicos sobre los requisitos de información asociados a la propuesta vence el 7 de julio de 2026. En paralelo, otras reglas antirobocall aprobadas previamente por la FCC ya entraron en vigor el 5 de febrero de 2026, con la primera recertificación obligatoria de la base de datos de mitigación de robocalls fijada para el 1 de marzo de 2026.
La propuesta del 30 de abril se suma a ese marco regulatorio en construcción. El período de comentarios públicos que cierra en julio será el siguiente indicador concreto de cuánta resistencia encuentra la medida antes de que la FCC decida si avanza hacia una norma definitiva.
